Responsabilidad penal de la alta gerencia bajo la Ley 21595

La Ley 21595, que modifica el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, ha puesto en la mira a los gerentes generales (CEOs) y gerentes funcionales (alta gerencia). Esta ley no solo establece la responsabilidad penal de las empresas por delitos económicos, sino que también alcanza a las personas naturales que los cometen en nombre o en beneficio de la organización.

En este artículo, analizaremos de manera breve la responsabilidad penal del gerente general y gerentes funcionales en el contexto de la Ley 21595, los delitos económicos más comunes, las consecuencias que pueden enfrentar y las medidas que pueden tomar para protegerse.

Deberes y responsabilidades del gerente general (CEO) y ejecutivos

Aunque la ley no define explícitamente la responsabilidad de la alta gerencia, se entiende que estos tienen un deber de diligencia, supervisión, control e información sobre las operaciones de la empresa. Si se demuestra que la alta gerencia no cumplió con estos deberes y esto facilitó o permitió la comisión de un delito económico, podrían enfrentar consecuencias legales. Estos deberes, que buscan prevenir la comisión de delitos económicos, incluyen:

• Deber de Diligencia: Actuar con el cuidado y la atención que exige la naturaleza del cargo, tomando decisiones informadas y razonables en beneficio de la empresa. 
• Deber de Supervisión: Controlar las actividades de la empresa y de sus empleados, estableciendo mecanismos de vigilancia para detectar posibles irregularidades.
  
• Deber de Control: Implementar medidas para prevenir delitos económicos, como la creación de códigos de conducta, la capacitación del personal y la implementación de sistemas de control interno.
• Deber de Información: Informar a los órganos de administración de la empresa (directorio, junta de accionistas) sobre cualquier situación que pueda generar riesgos penales.
• Deber de Denuncia: Denunciar a las autoridades competentes cualquier delito del que tengan conocimiento, incluso si ha sido cometido por otros miembros de la empresa.

«El incumplimiento de estos deberes puede generar responsabilidad penal para los ejecutivos, incluso si no participaron directamente en la comisión del delito».

Delitos económicos más comunes en el nivel ejecutivo

 Los gerentes generales y ejecutivos, por su posición y funciones, pueden estar expuestos a una serie de delitos económicos. Algunos de los más comunes son:

1. Administración Desleal: 

Cuando un ejecutivo gestiona el patrimonio de la empresa de forma contraria a sus intereses, causando un perjuicio. 

2. Apropiación Indebida: 

Cuando un ejecutivo se apropia de bienes de la empresa para beneficio propio o de terceros. 

3. Cohecho: 

Cuando un ejecutivo ofrece o recibe sobornos para obtener ventajas indebidas en el ejercicio de sus funciones. 

4. Tráfico de Influencias:

Cuando un ejecutivo influye en un funcionario público para obtener un beneficio indebido para sí mismo o para la empresa. 

5. Negociaciones Incompatibles:

Cuando un ejecutivo, incumpliendo sus obligaciones, se interesa en negociaciones o operaciones que involucran a la empresa y que pueden generar un conflicto de intereses. 

6. Uso de Información Privilegiada:

 Cuando un ejecutivo utiliza información confidencial de la empresa para obtener beneficios en el mercado de valores. 

Consecuencias Penales

Las consecuencias penales para los ejecutivos que cometan delitos económicos pueden ser severas, incluyendo:

• Penas de Cárcel: La Ley 21595 establece penas de cárcel para diversos delitos económicos, que pueden ir desde algunos meses hasta varios años de prisión.
• Multas: Las multas pueden ser muy elevadas, especialmente para delitos que involucran grandes sumas de dinero. Se calculan en base a UTM (Unidades Tributarias Mensuales).
• Inhabilitaciones: Los ejecutivos pueden ser inhabilitados para ejercer cargos directivos en empresas por un período determinado.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

1. Desconocimiento de la ley: 

La ignorancia de la Ley 21595 y sus implicancias puede llevar a tomar decisiones que expongan a la empresa y a los propios gerentes a riesgos penales.

2. Deficiencias en el MPD: 

Un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) inadecuado o mal implementado puede facilitar la comisión de delitos y aumentar la responsabilidad de los gerentes.

3. Falta de diligencia: 

La falta de cuidado y diligencia en la toma de decisiones y la gestión de riesgos puede generar situaciones que deriven en delitos económicos.

4. Presión por resultados: 

La presión por alcanzar metas y resultados, especialmente en entornos competitivos, puede llevar a tomar atajos o decisiones cuestionables que crucen la línea de la legalidad.

5. Cultura organizacional tóxica: 

Una cultura empresarial que tolera o incentiva conductas ilícitas crea un caldo de cultivo para la comisión de delitos económicos.

Medidas de Protección Clave

La prevención es la clave. Los gerentes y CEOs deben tomar un rol proactivo para mitigar los riesgos y protegerse a sí mismos y a sus empresas:

• Conocer la Ley 21595: Es fundamental comprender los alcances de la ley, los delitos que tipifica y las sanciones que establece.
• Implementar un MPD eficaz: Un MPD adecuado a la realidad de la empresa es la primera línea de defensa contra los delitos económicos. Debe incluir la identificación de riesgos, procedimientos de control, capacitación, un régimen disciplinario y una supervisión continua.
• Promover una cultura de ética y cumplimiento: Fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todas las operaciones de la empresa es crucial para prevenir delitos.
• Capacitar al personal: La capacitación continua sobre la Ley 21595 y el MPD es esencial para que todos los empleados conozcan sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos.
• Actuar con diligencia y transparencia: Tomar decisiones con cuidado, documentarlas adecuadamente y buscar asesoría legal cuando sea necesario son medidas que ayudan a prevenir riesgos.
• Buscar asesoría especializada en prevención: Contar con la asesoría de un especialista en gestión de riesgos integral que incluya los riesgos penales derivados de distintas leyes.

La Ley 21595 ha elevado los estándares de responsabilidad para los gerentes y CEOs en Chile. Ya no basta con enfocarse en los resultados económicos, sino que también es fundamental actuar con ética, transparencia y diligencia para evitar consecuencias penales que pueden afectar no solo a la empresa, sino también a la libertad y reputación de sus líderes.