La Ley 20.393, que establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fue un primer paso importante en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos en Chile. Sin embargo, su implementación reveló una preocupante realidad: muchas empresas se limitaron a crear «Modelos de Prevención de Delitos (MPD)» que existían únicamente en papel, sin una integración real en la gestión empresarial.
Con la entrada en vigor de la Ley 21.595 el 18 de agosto de 2023, se produjo un cambio de paradigma en la forma de entender y aplicar los MPD. La nueva ley, más rigurosa y exigente, pone un mayor énfasis en la prevención efectiva de delitos y establece sanciones más severas para las empresas que no cumplan con los requisitos.
¿Por qué los MPD de papel ya no son suficientes?
Los MPD que solo existen en papel son ineficaces porque al no integrarse en la gestión del día a día de la organización, no logran generar cambios reales en la cultura organizacional ni en los comportamientos de los empleados. No se traducen en acciones concretas, como la identificación de riesgos y la implementación de controles internos efectivos para su prevención.
Además, estos modelos de papel no protegen a las empresas de las sanciones establecidas por la Ley 21.595, que pueden incluir multas millonarias, inhabilitación para contratar con el Estado e incluso la disolución de la persona jurídica en casos graves.
La Ley 21.595 y el cambio de paradigma
La Ley 21.595 introduce cambios significativos que obligan a las empresas a replantear sus MPD:
- Énfasis en la prevención: La nueva ley pone el foco en la prevención de delitos, exigiendo a las empresas implementar medidas concretas y efectivas para evitar su comisión.
- Mayor rigurosidad en los requisitos: La ley establece requisitos más específicos y detallados para el diseño e implementación de los MPD, como la identificación de procesos y actividades expuestos a riesgos de conducta delictiva y escenarios de riesgos, la adopción de medidas de control, la capacitación del personal y la supervisión y mejora continua.
- Sanciones más severas: Las sanciones por incumplimiento de la ley son más severas, lo que obliga a las empresas a tomar en serio la implementación de un modelo efectivo.
Claves para un MPD efectivo bajo la Ley 21.595
Un MPD efectivo bajo la Ley 21.595 debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Compromiso de la alta dirección: El MPD debe ser impulsado desde la alta dirección, que debe demostrar un compromiso real con la prevención de delitos y asignar los recursos necesarios para su implementación.
- Análisis de riesgos específico: El MPD debe basarse en un análisis riguroso y actualizado de los riesgos específicos de cada empresa, considerando su sector, actividades, procesos y contexto.
- Medidas preventivas adecuadas: Las medidas preventivas deben ser concretas, adaptadas a los riesgos identificados y aplicables en la práctica, incluyendo políticas, procedimientos, controles internos y programas de capacitación.
- Integración en la gestión: El MPD debe integrarse en la gestión diaria de la empresa, formando parte de sus procesos, cultura y toma de decisiones.
- Monitoreo y mejora continua: El MPD debe ser revisado y actualizado periódicamente para asegurar su eficacia y adaptarse a los cambios en el entorno y los riesgos.
Beneficios de un MPD efectivo
La implementación de un MPD efectivo no solo permite a las empresas cumplir con la Ley 21.595 y evitar sanciones, sino que también ofrece importantes beneficios:
Reducción del riesgo de delitos: Un MPD bien diseñado e implementado reduce significativamente el riesgo de que se cometan delitos económicos y ambientales en la empresa.
Fortalecimiento de la reputación: Un MPD efectivo demuestra el compromiso de la empresa con la ética y la legalidad, lo que fortalece su reputación y confianza ante sus stakeholders.
Mejora del clima laboral: Un ambiente de trabajo ético y transparente fomenta la motivación y el compromiso de los empleados.
Mayor eficiencia y productividad: La prevención de delitos evita pérdidas económicas y mejora la eficiencia de los procesos.
La Ley 21.595 ha marcado un antes y un después en la prevención de delitos en Chile. Las empresas deben dejar atrás los MPD de papel y adoptar un enfoque integral, riguroso y comprometido que garantice la prevención efectiva de delitos económicos y ambientales.
La implementación de un MPD efectivo no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para fortalecer la cultura de cumplimiento, mejorar la reputación y asegurar la sostenibilidad de su empresa a largo plazo.
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