NO, la Ley 20.393 publicada el 02.12.2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile y tiene su origen principalmente por una exigencia de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
«Para ser miembro de la OCDE, Chile debía cumplir con una serie de estándares internacionales, entre ellos, la tipificación de los delitos de cohecho, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por estos delitos».