¿Qué trata la Ley 21.595?
La recientemente promulgada Ley 21.595 marca un hito en la lucha contra la corrupción y los delitos medioambientales. Esta ley endurece las penas para estos crímenes y establece un marco de responsabilidades más claro para empresas y directivos, fomentando la prevención, detección temprana y denuncia de irregularidades. Además, fortalece la coordinación interinstitucional para investigar y perseguir estos delitos de manera más efectiva.
¿Qué instituciones son responsables de las fiscalización de estos delitos?
En este contexto, diversas instituciones públicas asumen un rol crucial en la fiscalización de estos delitos. Desde el Ministerio Público y la Policía, hasta organismos especializados como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cada uno aporta sus competencias y herramientas para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los intereses de la sociedad.
En esta publicación, exploraremos el rol de cada una de estas instituciones en la fiscalización de los delitos económicos y ambientales, analizando sus facultades, desafíos y cómo su trabajo conjunto contribuye a un Chile más transparente y sostenible.
Ministerio Público: Es el principal encargado de investigar y perseguir los delitos económicos y ambientales. Recibe denuncias, dirige investigaciones, formaliza cargos y lleva los casos a juicio.
Policía: Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) colaboran en la investigación de delitos, recopilando pruebas y deteniendo a sospechosos.
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): Tiene facultades fiscalizadoras y sancionadoras en materia ambiental. Puede iniciar investigaciones de oficio, formular cargos y aplicar multas por infracciones a la normativa ambiental.
Servicio de Impuestos Internos (SII): Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias, detectando posibles delitos como la evasión fiscal y el fraude tributario.
Unidad de Análisis Financiero (UAF): Previene e investiga el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, delitos que suelen estar vinculados a actividades económicas ilícitas.
Consejo de Defensa del Estado (CDE): Representa los intereses del Estado en juicios civiles y penales, incluyendo aquellos relacionados con delitos económicos y ambientales que afecten el patrimonio fiscal.
Y por supuesto esta la CMF con las siguientes facultades:
Supervisar: Entidades como bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos y agentes de valores, entre otros, para asegurar el cumplimiento de las normas y prevenir conductas ilícitas.
Investigar: Posibles infracciones a las leyes y regulaciones del mercado financiero, incluyendo delitos como el fraude, la manipulación de mercado y el uso de información privilegiada.
Sancionar: A quienes infrinjan las normas, imponiendo multas, suspensiones e incluso inhabilitaciones para operar en el mercado financiero.
Denunciar: Delitos al Ministerio Público cuando corresponda, colaborando en la investigación y persecución de los responsables.
Por otra, la Dirección del Trabajo (DT) si bien no tiene facultades sancionadoras específicas en materia de delitos económicos y ambientales, su labor de fiscalización y promoción de buenas prácticas laborales contribuye indirectamente a la prevención de estos delitos. Al garantizar el cumplimiento de las normas laborales y fomentar una cultura de transparencia y ética en las empresas, la DT crea un entorno laboral más justo y seguro, que desalienta la comisión de delitos.
En resumen, la Ley 21.595 fortalece la coordinación entre estos organismos, estableciendo mecanismos de intercambio de información y colaboración en la investigación y persecución de delitos. Además, promueve implicitamente la denuncia ciudadana y la colaboración de las empresas en la detección de irregularidades.
¿Cómo denunciar un delito económico y/o ambiental?
Esta ley no establece un procedimiento específico para la denuncia ciudadana, por lo que puedes utilizar los canales regulares de denuncia:
Ministerio Público: Puedes presentar una denuncia ante la Fiscalía local que corresponda al lugar donde ocurrió el delito o a través de su página web. Es importante que proporciones todos los antecedentes y pruebas que respalden tu denuncia.
Policía: También puedes denunciar ante Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), quienes canalizarán tu denuncia al Ministerio Público.
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): En el caso de delitos ambientales, puedes denunciar ante la SMA, que tiene facultades para investigar y sancionar infracciones a la normativa ambiental.
Consejo de Defensa del Estado (CDE): Si el delito afecta el patrimonio fiscal, puedes recurrir al CDE, que tiene la misión de defender los intereses del Estado.
Es importante finalmente destacar que la fiscalización de los delitos económicos y ambientales es un desafío complejo que requiere una acción coordinada y multisectorial. La Ley 21.595 sienta las bases para un sistema más robusto y eficaz, pero su éxito dependerá de la voluntad política, la capacidad técnica de los organismos fiscalizadores y la colaboración de la sociedad en su conjunto.
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