La ley de pago a 30 días en Chile que se suponía sería el salvavidas de un riesgo crítico de las pymes: “el flujo de caja”

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La ley de pago a 30 días, promulgada en el año 2018 (Ley 21.131), surge como respuesta a una problemática histórica en Chile: la morosidad empresarial, especialmente en el sector de las pymes.

Las principales motivaciones para la creación de esta ley fueron:

  • Proteger a las pymes: Las pymes, al tener menor poder de negociación que las grandes empresas, sufrían plazos de pago extensos e irregulares, lo que afectaba gravemente su flujo de caja y su capacidad para crecer e invertir.
  • Promover la equidad en el mercado: La morosidad empresarial generaba una competencia desleal, ya que las grandes empresas podían utilizar su tamaño para obtener plazos de pago más favorables, mientras que las pymes se veían obligadas a aceptar condiciones más desventajosas.
  • Estimular el crecimiento económico: El pago oportuno de las deudas es fundamental para el dinamismo de la economía, ya que permite a las empresas reinvertir sus ganancias y generar nuevos empleos.

La ley se basó en experiencias exitosas en otros países, como Argentina y México, que habían implementado medidas similares con resultados positivos.

Principales aspectos de la ley:

  • Plazo máximo de pago: El plazo máximo general para el pago de facturas es de 30 días corridos a partir de la recepción de la factura.
  • Excepciones: Se permiten plazos superiores a 30 días solo si se cumplen requisitos específicos y se establecen por escrito.
  • Intereses por mora: En caso de morosidad, se aplican intereses moratorios equivalentes a la tasa de interés máxima convencional.
  • Indemnización por daño moral: Las empresas que no cumplan con la ley pueden ser condenadas a pagar una indemnización por daño moral a la empresa acreedora.
  • Cláusulas abusivas: Se consideran nulas y sin valor las cláusulas de los contratos que vulneren los derechos establecidos en la ley.

Casos en que aplica la ley:

  • Sector privado: La ley aplica a todas las empresas que realicen compraventas de productos o presten servicios a otras empresas.
  • Servicios de Salud, Cenabast y Municipalidades: Desde junio de 2021, estas entidades tienen un plazo máximo de pago de 30 días corridos para todas las facturas emitidas por pymes.
  • Resto del sector público: Para el resto del sector público, el plazo máximo de pago de 30 días rige desde junio de 2022.

Claro todo lo anterior, si usted es una pyme lo sabe también como yo, que es una ley con letra muerta.

Existen diversas razones por las que esto ocurre:

  • Falta de conocimiento: Algunas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no conocen la ley o no comprenden completamente sus alcances.
  • Falta de voluntad: Otras empresas se resisten a cumplir con la ley por considerar que los plazos de pago son demasiado cortos o que los costos de implementación son demasiado altos.
  • Dificultades para la fiscalización: La autoridad fiscalizadora, la Inspección del Trabajo, no cuenta con los recursos ni el personal suficiente para monitorear el cumplimiento de la ley de manera efectiva.
  • Falta de medidas disuasorias: Las sanciones por incumplimiento de la ley son consideradas por algunas empresas como insuficientes para disuadirlas de no cumplirla.

Consecuencias del incumplimiento, cancha dispareja y golpe bajo a las pymes:

  • Impacto en las pymes: El no pago oportuno de las facturas afecta gravemente el flujo de caja de las pymes, pudiendo incluso llevarlas a la quiebra.
  • Desigualdad en el mercado: Las grandes empresas que no cumplen con la ley obtienen una ventaja competitiva desleal frente a las pymes que sí la cumplen.
  • Daño a la economía: El incumplimiento generalizado de la ley perjudica la economía en su conjunto al desincentivar la inversión y el crecimiento.

Trabajo pendiente del estado para variar el menú:

  • Mayor difusión de la ley: Es necesario realizar campañas informativas para que todas las empresas conozcan la ley y sus alcances.
  • Fortalecimiento de la fiscalización: Se deben asignar más recursos y personal a la Inspección del Trabajo para que pueda realizar una fiscalización más efectiva.
  • Aumento de las sanciones: Se deberían aumentar las multas y otras sanciones por incumplimiento de la ley para que sean más disuasorias.
  • Creación de un observatorio: Se podría crear un observatorio independiente que monitoree el cumplimiento de la ley y proponga medidas para mejorar su implementación.

“Finalmente, cuando la solución es tan simple ¿porqué el Estado no actúa? Yo lo tengo claro, pero lo dejo en libertad de sacar sus propias conclusiones”.

Conozca la ley completa:

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1127890&idVersion=2020-01-21&idParte=9989464

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